Elinor Ostrom mostró el papel esencial de las instituciones, es decir, las reglas, normas y estrategias usadas por las comunidades, para evitar la tragedia de los comunes y permitir el uso sostenible de los recursos naturales. Hoy en día, la adaptación de las instituciones es necesaria para poder responder a las incertidumbres sociales y ambientales a las que se enfrenta la sociedad actual. En esta comunicación se utiliza el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional y la Herramienta de Gramática Institucional para estudiar la evolución institucional de los sistemas agroganaderos de una zona semiárida de Aragón (España). En concreto, se analiza: 1) la heterogenedidad institucional asociada al uso de los recursos naturales, 2) los cambios temporales de las instituciones, y 3) el impacto de los cambios institucionales en la resiliencia de los sistemas. Se entrevistó a ganaderos de una zona semiárida de Aragón (España) formada por 13 comunidades ganaderas para recabar los cambios institucionales ocurridos en las últimas décadas. Los resultados muestran una gran diversidad de las declaraciones institucionales usadas por las comunidades ganaderas principalmente asociada al tipo de derechos de propiedad de los pastos y al nivel de acción colectiva necesaria para dar respuesta a las perturbaciones endógenes y exógenas de los sistemas. Este trabajo muestra, además, la robustez de la gramática institucional como herramienta para analizar instituciones en entrevistas cualitativas y detectar los procesos de evolución institucional reciente.

Cada vez más estudios incorporan las actitudes de las personas para identificar la heterogeneidad en la valoración social de los servicios ecosistémicos (SE). Esto es especialmente relevante en áreas de montaña, donde ocurren múltiples y complejas interacciones entre el entorno, el sistema socioeconómico y gran variedad de prácticas agrícolas. Nuestro objetivo fue identificar las dimensiones actitudinales que construyen la visión de las personas sobre el sistema agroalimentario, y analizar cómo dichas dimensiones actitudinales influencian el valor que las personas asignan a los SE. Para ello, encuestamos una muestra de 1008 individuos repartidos de forma equitativa entre los Alpes, en Italia y la Sierra de Guara, en España, recogiendo información sobre las actitudes respecto a (i) economía y medio ambiente, (ii) desarrollo rural e intensificación agrícola, (iii) producción, consumo y calidad de los alimentos, y (iv) políticas agrícolas y ambientales. La encuesta incluía un experimento de elección para medir el valor que los individuos asignan a los SE estudiados. Los resultados mostraron 4 dimensiones actitudinales en ambas regiones: Economía sobre medio ambiente, Confianza en supermercados, Productivismo agrícola, y Ambientalismo y estilo de vida rural. Estas dimensiones actitudinales resultaron en 6 grupos de encuestados. La mayoría valoró positivamente un incremento en los SE, sugiriendo que las políticas agrícolas que intentan mejorar la provisión de SE podrían recibir apoyo social. Sin embargo, las distintas dimensiones actitudinales subyacentes a las preferencias de los encuestados pueden resultar en desacuerdos respecto a las medidas concretas para conseguir el objetivo común de mejorar la provisión de SE.

El Metabolismo Social, como herramienta de análisis de la interacción entre sociedad y naturaleza, ha permitido comprender el grado de insostenibilidad del régimen industrial actual. Siguiendo esta línea, el Metabolismo Agrario viene contribuyendo en la investigación de los fundamentos biofísicos y socioeconómicos de las transiciones agrarias en casos de estudio como el español. Esta propuesta ha suscitado una serie de avances, pero también de retos que justifican el presente trabajo. Entre ellos, la necesidad de seguir sumando investigaciones de más territorios, sobre todo de países periféricos, como es el caso de Ecuador; y la de integrar en estos análisis variables sociopolíticas como factores explicativos del cambio socio-ecológico. Es por ello que este trabajo se centra en la articulación de la parte material e inmaterial del metabolismo mediante un análisis multidimensional, histórico y comparativo. Las hipótesis de partida son: que la desigualdad social imperante en el ámbito agrario genera conflictos, que a su vez se expresan en protestas; y que los sujetos que se movilizan a través de diferentes repertorios de acción influyen en la dinámica agraria, es decir, tienen un impacto en los flujos y fondos de energía, materiales e información de los agroecosistemas. Esto supone un aporte en los estudios sobre Metabolismo Social y Agrario porque permite tener en cuenta el rol que han jugado los movimientos sociales en el ritmo y amplitud del proceso de industrialización de la agricultura, aumentando los elementos de reflexión sobre las posibilidades de transitar hacia un futuro más justo y sostenible.

La investigación social sobre transiciones energéticas profundiza en los cambios cualitativos, cuantitativos y / o geoespaciales vinculados con los procesos de obtención, almacenamiento, provisión y utilización de la energía. La Unión Europea ha asumido una transición energética gradual, limpia y justa, como uno de los mayores retos de la actualidad, de modo que el proceso de descarbonización y las transiciones de sostenibilidad ante el cambio climático están generando un debate que también incorpora la noción de justicia y las preocupaciones por la equidad. Sin embargo, su emergencia en el área mediática y el debate público es relativamente reciente. Esta contribución presenta la evolución temporal de concepto desde su aparición en los medios de comunicación y las diferentes semánticas asociadas a la noción de Transición Justa. El análisis de contenido del corpus mediático recogido nos permite rastrear las posiciones de los diferentes actores sociales y las temáticas centrales en las que se plasma la noción de Transición Justa en cuatro de los principales contextos territoriales españoles inmersos desde los años noventa en la transición energética y el cambio de régimen sociotécnico: Aragón, Asturias, Castilla León y Galicia. El análisis concluye identificando los argumentos de apoyo y de oposición para descarbonizar el sistema energético en España que han captado la atención de los medios de comunicación, y reflexiona sobre cómo se produce el cambio desde la polarización discursiva de los actores sociales hasta una preponderancia del discurso proclive a la transición hacia recursos energéticos bajos en carbono.

La trashumancia es un mecanismo de adaptación a la variabilidad de los recursos naturales que consiste en el movimiento estacional del ganado. La importancia de esta práctica ancestral que ha perdurado hasta nuestros días radica tanto por el aprovechamiento sostenible que hace de los pastos como por su riqueza cultural y los servicios sociales y ambientales que provee a la sociedad. En la actualidad, el escaso relevo intergeneracional, las presiones de los mercados y alza de precios y otras incertidumbres socioeconómicas y ambientales dificultan la continuidad a largo plazo de esta práctica. En esta comunicación, se pone voz a la trashumancia gracias a la realización de 106 entrevistas a ganaderos y ganaderas trashumantes en las principales cabañeras españolas. Sus vivencias y percepciones nos permiten hacer un diagnóstico de la actividad trashumante actual, cómo ha evolucionado en las últimas décadas, y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las personas vinculadas a la trashumancia. En concreto, se analizan los discursos en relación al transporte del ganado, el efecto de la pandemia COVID-19, las ayudas europeas de la PAC, el reclutamiento de jóvenes para la continuidad de la trashumancia, o su relación con la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos.

La continuidad de muchas explotaciones ganaderas extensivas tradicionales se ve amenazada por los cambios socioeconómicos y medioambientales que se producen a un ritmo sin precedentes a escala mundial, regional y local. Su declive pone en peligro el sustento de millones de familias y, también la provisión de importantes servicios ecosistémicos esenciales para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a escala mundial. Aquí, utilizamos el marco de robustez socio-ecológica para clasificar la naturaleza de los problemas de las explotaciones ganaderas tradicionales percibidos por 255 pastores entrevistados en seis de los principales sistemas ganaderos tradicionales de España. Utilizamos diferentes métodos y técnicas de análisis cualitativa y cuantitativo para responder a las siguientes preguntas de investigación: (i) ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades percibidas por los pastores?, (ii) ¿Qué factores socio-ecológicos explican dichas vulnerabilidades?, (iii) ¿Cómo se organiza la estructura de complejidad de los problemas? y (iv) ¿Qué vulnerabilidades se asocian a la disminución de la ganadería extensiva?

Las personas con discapacidad se han visto muy afectadas por la pandemia. Si en un contexto estable de normalidad, tienen dificultades para acceder a los servicios sanitarios, educativos, sociales o laborales, la pandemia lo ha agravado. Entre las razones que ha agravado la vulnerabilidad de este colectivo se encuentran las dificultades para acceder a los servicios públicos básicos. El cierre de escuelas, de centros de atención especializada, de rehabilitación, de fisioterapia, atención temprana, logopedia, diálisis así como la falta de información y protocolos adaptados amplió la brecha sanitaria y de cuidados. Asimismo, muchas personas estaban institucionalizadas en centros especializados y que requieren una supervisión constante y asistencia física para desarrollar sus actividades cotidianas, se han tenido que enfrentar a dificultades severas para alimentarse, vestirse o mantener la higiene personal. La necesidad de contacto físico es ineludible en estas situaciones y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento o aislamiento son imposibles de cumplir. De la misma manera, las personas con discapacidad que dependen de asistentes personales también tienen más dificultades para protegerse a sí mismos.

El objetivo principal de este trabajo consistió en conocer las percepciones y vulnerabilidades provocadas por el confinamiento y el aislamiento forzado por el brote de Covid 19 en las personas con discapacidad y sus cuidadores.

Las conclusiones destacan la falta de protocolos sanitarios y sociales, la necesidad de campañas informativas eficaces y accesibles en tiempo real.

La discapacidad tiene un impacto importante en la forma de vida de las personas, ya que influye en la vida cotidiana. En Europa, la transición demográfica junto con la alta penetración de Internet y las nuevas tecnologías en nuestro día a día, ha hecho de la accesibilidad un tema trascendental. Esta comunicación abordará este interesante tema analizando en su primera parte por qué la accesibilidad ha cobrado importancia también en el ámbito de las nuevas tecnologías debido a la penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad. Luego, en una segunda parte se centrará más en el análisis del marco legal internacional de la accesibilidad y en el análisis en profundidad de la normativa de la UE para ver si la Directiva de Accesibilidad de la UE y la legislación de la UE en esta materia pueden convertirse en un modelo en el mundo.

La extensión del modelo social de la discapacidad y su correlato legal, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) ha tenido como consecuencia la incorporación, formalmente, de las personas con discapacidad como sujetos de derecho a la sociedad y la vida en comunidad. Sin embargo, esto no ha supuesto un cambio en el imaginario social hacia las personas con discapacidad. Este hecho se corrobora atendiendo a los datos mundiales sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de detección de fetos con síndrome de Down.

Cuando estos hechos han sido presentados en la vida pública se ha generado un falso debate entre el movimiento feminista y el movimiento social de la discapacidad. Principalmente esta disputa se ha generado por la falta de integración de la cuestión de género en el movimiento social de la discapacidad y la ausencia de las personas con discapacidad en el foro feminista. La comunicación que se expone pretende presentar los fundamentos, la metodología y los retos de una investigación que pretende llegar a un consenso entre ambos movimientos en la cuestión de la interrupción del embarazo por síndrome de Down.

La implementación del Modelo Breve de Asistencia Personal (MOBAP), para personas en situación de discapacidad intelectual (PsDI), cuyo objetivo es evaluar la contribución de un MOBAP en la calidad de vida y la autonomía de PsDI en transición a la vida adulta que asisten a una Escuela Diferencial, ubicada en la zona Norte de Santiago de Chile

El estudio fue de tipo cualitativo, exploratorio, longitudinal. La muestra fueron 24 estudiantes, divididos en dos grupos de 12 personas. Estableciendo un grupo control y grupo intervención de entre 18 a 26 años. Las técnicas utilizadas fueron entrevistas individuales a estudiantes; grupos de discusión con estudiantes; entrevistas individuales a tutores o familiares y grupo de discusión con asistentes personales, además de las bitácoras de registros de campo de las asistentes personales que llevan directamente los casos bajo supervisión de la Terapeuta Ocupacional encargada del grupo de intervención. Esta intervención e investigación fue ejecutada en dos etapas: entre el mes de septiembre a diciembre del 2019 y enero a junio del 2020. Cabe destacar, que dado el contexto social y sanitario, la asistencia personal (AP), se finaliza de manera remota.

Se exponen resultados en inclusión social, autodeterminación, calidad de vida, facilitadores y obstaculizadores y rol y valoración de la AP. Es importante considerar un contexto cultural que no reconoce en su valía y en sus derechos a las personas con DI, lo que dificulta su participación de manera transversal, sin embargo la AP posibilita esta apertura y cambio de paradigma.

La implementación del Modelo Breve de Asistencia Personal (MOBAP), para personas en situación de discapacidad intelectual (PsDI), cuyo objetivo es evaluar la contribución de un MOBAP en la calidad de vida y la autonomía de PsDI en transición a la vida adulta que asisten a una Escuela Diferencial, ubicada en la zona Norte de Santiago de Chile

El estudio fue de tipo longitudinal, no paramétrico, con una duración de 9 meses, que comprende dos momentos de medición: Etapa I (al inicio de la intervención) y Etapa II (al final de la intervención); por tanto sus resultados se determinan por una etapa de diagnóstico (pre-intervención) y post-intervención. La muestra fueron 24 estudiantes, divididos en dos grupos de 12 personas. Estableciendo un grupo control y grupo intervención de entre 18 a 26 años.

El instrumento aplicado se basó en la validación de Castro et al. (2015) basado en Verdugo et al. (2009). Para el procesamiento y análisis de la información se han registrado los datos en SPSS y se ha utilizado la prueba de U de Mann-Whitney para analizar la significancia que pueda existir entre los grupos.

En términos generales considerando la puntuación directa total de cada etapa, se identifican altos promedios en todas las etapas respecto a sus puntajes totales, siendo positivo el hecho de que tanto en la escala objetiva cómo en la subjetiva existió un aumento de los promedios que, si bien se presentaban altos en sus primeras etapas, aumentaron durante el transcurso de los 9 meses de intervención.

La sexualidad de las personas con discapacidad (PcD) ha sido un tema poco desarrollado en el campo de las Ciencias Sociales. La investigación previa se centró fundamentalmente en la rehabilitación de las funciones fisiológicas de las personas que han adquirido una discapacidad a lo largo de su vida, pero se presta poca atención a comprender los discursos de las personas con discapacidad sobre su sexualidad y cómo afrontan el estigma social de tener relaciones íntimas. Este trabajo tiene como objetivo comprender las prácticas y actitudes sexuales de las personas con discapacidad en el contexto español desde un punto de vista integral, utilizando la teoría Crip como marco analítico. Para ello se entrevistaron 53 personas, con diversas discapacidades (tanto físicas como mentales), y 19 profesionales que habitualmente trabajan con PcD. Los resultados muestran una influencia importante del género, el tipo de discapacidad y el entorno territorial (rural versus urbano) sobre cómo las personas con discapacidad negocian su sexualidad y perciben las limitaciones impuestas por la sociedad. Además, se carece de conocimientos especializados para que los profesionales se ocupen de temas de sexualidad e intimidad. Los autores también brindan recomendaciones sobre capacitación para profesionales y regulaciones para legisladores.

Esta comunicación tiene por objeto presentar un estudio de caso a partir de la investigación llevada a cabo sobre emprendimiento en personas con discapacidad física, sensorial y orgánica. En el trabajo se incide en los aspectos de diseño de la investigación a tener en cuenta, las técnicas más adecuadas y la adaptación a las características del colectivo investigado.

Especial atención merece la utilización de la Técnica de Grupo Nominal como herramienta de investigación cualitativa especialmente adaptada en la investigación del emprendimiento en personas con discapacidad. Una técnica dinámica desde la que diagnosticar, evaluar y proponer medidas que contribuyan a solucionar los problemas identificados en cada caso a partir de consensos grupales.

El estudio incide particularmente en los resultados de la investigación a partir de los cuales es posible el diseño de proyectos de intervención social por parte de investigadores que desarrollan su actividad en el terreno de las ciencias sociales y más concretamente en el ámbito de la intervención ante problemas complejos en los que el impulso de políticas y acciones concretas persiguen una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En 2020 se realizó un trabajo de investigación con el objetivo de identificar las barreras y las oportunidades para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico de la provincia de Alicante. A partir de 34 entrevistas semiestructuradas realizadas a distintos agentes implicados, los resultados revelan la existencia de prejuicios y desinformación, pero también de oportunidades, que pueden contribuir a mejorar el diseño de estrategias empresariales y políticas públicas.

En esta comunicación se trata de reflexionar acerca de dichos prejuicios y de cómo la investigación cualitativa puede abordar el doble discurso que, en muchos casos, producen las personas entrevistadas. El sesgo de deseabilidad social se desenmascara con mayor o menor suerte a lo largo de las entrevistas, pero nos interesa compartir las estrategias que se llevaron a cabo para identificar los prejuicios subyacentes tanto por parte del empresariado turístico como de las entidades de apoyo a las personas con discapacidad que participaron en el estudio.

Para la mayoría de la población, el empleo determina sus posibilidades de inclusión. Entre las personas con discapacidad se multiplican las ‘barreras’ de acceso… que tienen mucha relación, con pre-juicios/etiquetas discriminantes. Cuando las dificultades de acceso se localizan o amplían en colectivos específicos significa que es necesario intervenir, habilitar políticas específicas (acción positiva), si se pretende mantener el principio de igualdad y atención a derechos de ciudadanía como reconoce la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (de 29 nov. de 2013).

La cuantificación de población afectada es un primer y fundamental dato y en relación a este colectivo el acceso a este ‘dato bruto’ no resulta fácil ni evidente (diferenciado, visible, cuantificable). Por ejemplo: ¿qué/quién hay detrás de ese sorprendente porcentaje (más de la mitad, entre 16 y 65 años) de personas con discapacidad -datos de última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD)- fuera del mercado de trabajo (en apartado ‘inactivo’)?

La Comunicación que se propone indagará en la situación de mujeres con discapacidad intelectual en relación al empleo… pero también al trabajo realmente asumido y no reconocido (falta de vínculo laboral y relación contractual) por parte de estas mujeres. Es una realidad que conocemos tras una trayectoria de indagación no sólo cuantitativa (hay situaciones ocultas en el recuento convencional de datos) y que parece de interés hacer visible. Realizaremos una aproximación, a partir de fuentes secundarias y de indagación cualitativa.

Una vez superada la visión paternalista y asistencialista que inspiraba la primera ley nacional sobre diversidad funcional promulgada en España en 1982, el dere-cho al trabajo de las personas con diversidad funcional (PDF) ha sido ampliamen-te reconocido en la legislación, primero, de manera genérica, en la Ley de Igual-dad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU, 2003); posteriormente, en forma de un capítulo específico, el capítulo VI, de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LEDIS, 2013).

Sin embargo, los datos estadísticos que ofrece la Encuesta Nacional de Empleo de las Personas con Discapacidad (EDP, INE: 2009-2019) muestran que dicho dere-cho dista mucho de haberse convertido en una realidad efectiva.

Esta discordancia entre el reconocimiento formal de un derecho y su puesta en práctica efectiva puede explicarse por la transición, en la regulación de las rela-ciones laborales en España, hacia un modelo neoliberal regido por el principio de la flexibilidad. Este modelo ha constituido una nueva subjetividad laboral, la del “trabajador flexible”, asentada en principios empresariales y en la primacía de la competencia y del beneficio como principios generales de la aptitud laboral. Una nueva subjetividad, la del trabajador-empresario-de-sí-mismo, en la que un indivi-dualismo exacerbado no da cabida a reconocimiento alguno de derechos sociales, y que demanda unas disposiciones de empleabilidad, disponibilidad y autorres-ponsabilidad que no están al alcance de las PDF.

El concepto de ciudadanía implica la aceptación de todos los colectivos sin distinción de su procedencia, religión, sexo, edad o condiciones físicas o intelectuales.

En este contexto resulta oportuno averiguar en qué medida existe una verdadera integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y por ende, en la sociedad. Es preciso profundizar en el enfoque que ofrecen las políticas de integración desarrolladas por las administraciones públicas, organizaciones y empresas, así como en sus estrategias y actuaciones. Sin olvidar las que elaboran las propias asociaciones que defienden y representan al colectivo de personas con discapacidad.

El eje estratégico de nuestra argumentación es el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, y las medidas que de ella se derivan para promover la inserción socio-laboral sostenible en este asunto.

A partir de aquí, se ha llevado a cabo un estudio empírico con técnicas de análisis de datos y entrevistas a: expertos de la Administración Pública, profundizando en el análisis de la inclusión laboral de las personas con discapacidad; responsables de Recursos Humanos de empresas que operan en nuestro ámbito territorial, con el fin de conocer qué estrategias se están llevando a cabo para la integración de las personas con discapacidad; trabajadores con discapacidad y familiares, para conocer cuál es su opinión y realidad al respecto; y responsables e intermediadores de asociaciones del ámbito de la discapacidad, con el objetivo de entender con qué medidas fomentan el incremento de las contrataciones y cuál es su visión desde la posición privilegiada que ostentan.

Esta investigación empleó una metodología mixta con el objetivo de analizar cómo la emergencia sanitaria del Covid-19 en el Perú ha variado la forma en que se ofrecen servicios educativos inclusivos en el sector público, y la capacidad de ejercer el derecho a la educación de los y las estudiantes con discapacidad del nivel primario en las modalidades de Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Regular (EBR), denominadas escuelas inclusivas. Para ello, desde el componente cuantitativo, usando la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), se halló que más estudiantes entre 6 y 13 años de edad reportaban asistir a la escuela el año 2020, comparado con el 2019. Sin embargo, el estudio cualitativo encontró que este acceso era en muchos casos precario. Así, se analizó la estrategia Aprendo en Casa establecida por el Ministerio de Educación (MINEDU) para garantizar la presencia del servicio educativo, la participación efectiva de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y la evaluación de sus logros de aprendizaje. Se comparó lo que establecieron estos documentos con la forma en que se implementaron localmente en dos regiones del Perú y las limitaciones que demostró esta estrategia. Finalmente, se dio cuenta de las numerosas estrategias autogestionarias que implementaron actores de la comunidad educativa para responder a los vacíos de intervención y problemáticas locales, lo cual demuestra la agencia y determinación de estos actores, así como las falencias y limitaciones de la estrategia Aprendo en Casa.

Existe un amplio consenso en que algunos colectivos vulnerables están sobrerrepresentados en el sistema penal, las personas con discapacidad intelectual son uno de estos colectivos; y, aunque la mayor parte de los contactos se producen en calidad de víctimas, una pequeña parte lo es por haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Idealmente, debería ser la policía quien hiciera constar la existencia de la discapacidad intelectual para que desde el inicio del procedimiento se llevaran a cabo los ajustes de procedimiento para asegurar el derecho a un juicio justo. Sin embargo, la literatura científica ha demostrado que en la práctica la policía tiene grandes dificultades para identificar las vulnerabilidades mentales de los detenidos. Esta falta de identificación inicial arrastra ya todo el procedimiento y, como han denunciado las organizaciones que tutelan los derechos del colectivo, en muchísimos casos la discapacidad intelectual se detecta ya cuando están cumpliendo condena y cuando por tanto su derecho a un juicio justo se ha visto comprometido. En este trabajo presentamos una aproximación a esta cuestión en España. A través de 25 entrevistas semiestructuradas se ha intentado conocer cuál es la visión que tienen los cuerpos policiales sobre la presencia de este colectivo en el sistema penal. Los resultados demuestran que la identificación no es una tarea fácil en el contexto policial y aunque existan sospechas, no se hacen ajustes. De igual modo, todos ellos achacan una falta de formación especializada para saber cómo proceder en el caso concreto

Según el artículo 37 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, las políticas de empleo dirigidas a este colectivo tienen como finalidad aumentar su actividad, ocupación e inserción laboral. Sin embargo, aunque en los últimos años ha aumentado la proporción de personas con discapacidad que acceden al mercado laboral, sus tasas de actividad y empleo continúan siendo significativamente inferiores a las de las personas sin discapacidad. Su tasa de actividad en 2020 era del 34,3%, por un 76,1% de las personas sin discapacidad y, a pesar de la baja actividad, su tasa de paro era del 22,1%, por un 13,7% de las personas sin discapacidad (INE, 2021).

Además de las dificultades de acceso al empleo, los trabajadores con discapacidad tienen más probabilidades de ocupar empleos con peores condiciones laborales, menor cualificación y en actividades económicas poco especializadas del sector servicios. Los datos muestran asimismo desigualdades dentro del colectivo, atendiendo al tipo y grado de discapacidad, el sexo, el nivel educativo o la edad, entre otras variables, reflejándose incluso mayor dualidad que en la población sin discapacidad entre unos (pocos) trabajadores con discapacidad incluidos y una mayoría precarizados o excluidos del empleo.

Partiendo de las fuentes estadísticas sobre empleo y discapacidad disponibles en nuestro país, si bien teniendo en cuenta sus limitaciones, analizaremos en qué medica el acceso al empleo de las personas con discapacidad y las condiciones laborales en que se desarrolla es garantía suficiente para su inclusión.