Las agresiones sexuales son un fenómeno transversal, que tiene como principales víctimas a las mujeres y las niñas. El modo en que los agentes del sistema judicial, como parte de la sociedad, perciben y valoran estos delitos está atravesado por una serie de mitos y creencias colectivos, que en buena medida condicionan sus actuaciones. Esta comunicación expone los principales resultados de un estudio de caso, que analiza el mito de la “violación real” a partir de las sentencias penales de la Audiencia Provincial de Madrid entre los años 2016 y 2018 (n= 178). La estrategia metodológica se ha basado en la selección de todas las sentencias disponibles en la base de datos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) correspondientes al tipo penal más grave contemplado dentro de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales del Código Penal vigente, a saber: la agresión sexual (arts. 178-180). A partir de un análisis de contenido con enfoque cuantitativo, se examina en qué medida las características de los hechos juzgados coinciden con las del mito, y cómo éste puede influir en el fallo. Las conclusiones muestran que aunque el patrón que describe el mito de la “violación real” no se cumple en la realidad, sin embargo, algunas de sus características siguen influyendo en las decisiones judiciales.

El presente trabajo parte de la falta de datos sobre los factores que influyen en las condenas por el delito de trata de seres humanos (tsh). Con el objetivo de colmar este vacío en el conocimiento, se analiza el total de sentencias sobre TSH dictadas por las Audiencias Provinciales (años 2011 a 2019). Para ello, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo sobre un conjunto de variables dependientes que previamente la literatura ha asociado respecto las dos variables dependientes del estudio: la condena y la duración de la pena impuesta. Destaca el hecho el hecho de que el porcentaje de condenas en casos de trata laboral es un 20% menor respecto de los casos de explotación sexual, así como que se observa que las penas son mayores en los casos en que la trata es para explotación sexual y frente a acusados de determinadas nacionalidades. La principal conclusión es que existe un sesgo frente a determinadas formas de TSH en los casos que los acusados proceden de determinados países.

La escasa frecuencia de algunos eventos sociales y, en consecuencia, el hecho de que solo se puede disponer de muestras muy pequeñas, provoca que apenas sean investigados. Esto es algo que sucede en relación con las mujeres infractoras, especialmente, con las menores. Si bien existe cierta tradición en criminología en la investigación sobre o con mujeres en prisión, son muy escasos los trabajos sobre o con jóvenes infractoras. Sus trayectorias delictivas son muy poco conocidas y, dada su menor presencia en el sistema penal, los recursos e incluso los programas de intervención no están diseñados para ellas. Se desconoce en qué medida esta falta de conocimiento y de atención a sus trayectorias influye en la experiencia personal de las afectadas cuando se ven inmersas en el sistema penal. Un trabajo de nuestro grupo pretende ampliar el conocimiento sobre el paso por el sistema de jóvenes infractoras en España a través de historias de vida. Para ello, se han empleado técnicas de entrevista biográfica que tratan de minimizar los sesgos que tienen las entrevistas biográficas retrospectivas y que afectan especialmente a las personas con vidas inestables o desordenadas y con pocos recursos para relatar sus experiencias. En esta contribución se presenta un estudio de caso para valorar la aplicabilidad y la validez de estas técnicas de investigación.

Existe controversia acerca de la posible influencia del género en la toma de decisiones judiciales. Mientras que algunos estudios apuntan que las mujeres reciben un trato benévolo por parte de los jueces, otros muestran que la respuesta penal hacia ellas es más dura. El objetivo de este trabajo es conocer qué respuesta penal dan los jueces a la delincuencia juvenil femenina. Concretamente, se quiere analizar si existen diferencias por sexo a la hora de sancionar a chicos y chicas. Para ello, se ha llevado a cabo una investigación transversal de carácter exploratorio que cuenta con un diseño cuantitativo. En concreto, se han revisado expedientes judiciales de 523 menores enjuiciados en los juzgados de menores de Castilla-La Mancha. La muestra está compuesta por 264 chicos y 259 chicas con una media de edad de 16 años. Los resultados muestran que existen diferencias por sexo a la hora de delinquir. Los delitos más comunes entre las chicas son las lesiones, los hurtos y los malos tratos en el ámbito familiar, mientras que en los chicos son los robos con fuerza, las lesiones y los robos con violencia. También se ha observado que el porcentaje de chicos que recibe una medida de internamiento es superior al de las chicas, aunque la medida más impuesta por los jueces tanto a chicos como chicas es la libertad vigilada. Se discute la influencia que puede tener el género en el sistema de justicia juvenil español.

Desde hace décadas, uno de los derechos que tienen los detenidos extranjeros en España es el de contar con un servicio de interpretación y traducción lingüística en caso de que existan dificultades con el idioma. Sin embargo, la realidad parece indicar que en este servicio hay diferentes problemas que podrían perjudicar tanto al intérprete como al detenido y/o acusado. De modo que, el objetivo de este trabajo es conocer en qué situación se encuentran el servicio de traducción e interpretación de la justicia penal española y, por consiguiente, cómo los intérpretes ejercen su labor profesional en el mismo.

Para ello, se ha elaborado un análisis cualitativo a partir de 42 entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales de la traducción e interpretación en España, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y extranjeros que han pasado por el sistema penal español sin conocimientos del español. Los resultados revelan que las asistencias no siempre se realizan por verdaderos profesionales de la interpretación lo que afecta enormemente a la calidad del servicio. Pero, además, también se ha demostrado que el resto de profesionales del sistema penal no se adaptan a la presencia del intérprete: no se comparte información del caso, no se provee de recursos materiales apropiados y el ritmo y la velocidad del discurso es excesiva para poder traducir de manera óptima. El resultado final es el de un profesional desprestigiado que se siente fuera de juego dentro del sistema e incomprendido respecto a la importancia de su rol.

En el actual contexto migratorio en el que vive España, resulta bastante frecuente encontrar como detenidos y/o acusados a extranjeros cuyo conocimiento sobre el castellano es nulo o escaso. En estos supuestos, el sistema debe proveer un servicio de interpretación y traducción para asegurar el derecho a un juicio justo. El objetivo del presente trabajo es conocer cómo experimentan su paso por el sistema penal español aquellos extranjeros que no dominan el castellano. Para esto, se ha elaborado un análisis cualitativo sobre 24 entrevistas realizadas a extranjeros que han pasado por el sistema judicial español sin conocer la lengua vehicular. Los resultados muestran que los participantes, ante el desconocimiento del idioma, no siempre han recibido el apoyo esperado (no siempre se cuenta con intérprete y/o el servicio no siempre es de calidad) y por ello experimentan emociones negativas: de frustración, por la incapacidad para comunicarse que les lleva a aparentar que conocen el idioma mejor de lo que realmente lo dominan; de fracaso, ya que consideran que, de haber sido juzgados en su país, por el simple hecho de haber podido hablar y comprender sin dificultad, su situación habría sido diferente; y de miedo, ante el gran desconocimiento de la cultura judicial, del procedimiento y de las consecuencias finales. Todo ello les coloca en una situación de gran vulnerabilidad que no solo compromete su derecho a un juicio justo, sino que provoca un rechazo y una percepción de injusticia que afecta a la credibilidad de la ley y del sistema.

Esta propuesta de comunicación aborda cómo el tipo de centro penitenciario o de módulo media la cotidianidad de la población interna en el sistema penitenciario español. Las prisiones estatales son diversas en su arquitectura, su capacidad o su antigüedad, sin obviar la influencia de su localización geográfica o el estado de las plantillas del personal funcionario. Asimismo, los centros penitenciarios acogen una variedad de módulos residenciales que aseguran la separación de la población reclusa, aunque introduciendo marcadas diferencias entre ellos, como en el caso de los llamados módulos ordinarios y los módulos de respeto.

Partimos de una metodología cualitativa basada en 35 entrevistas en profundidad a internos e internas de tres prisiones distintas y pertenecientes a ambos tipos de módulos, donde hemos además realizado observaciones de los espacios de interés. De este modo, hemos podido rastrear cómo las características de los distintos espacios influyen sobre la mortificación del yo (Goffman, 1961/1988) que produce la prisión sobre las identidades de la población reclusa, así como en sus interacciones con el personal funcionario y otros internos/as. Nos centraremos en cómo los distintos espacios penitenciarios facilitan o dificultan el derecho a la intimidad de presos y presas, su libertad de movimientos o la oferta de ocio, así como dan pie a distintas formas interactivas con compañeros, funcionarios o con los propios espacios.

En España, se estima que hay 70.000 menores que tienen alguno de sus progenitores encarcelados. Sus vidas pasan por situaciones muy vulnerables porque soportan los efectos traumáticos de la detención, el juicio, la separación y la convivencia con la cárcel.

Algunos visitan las prisiones, pero son invisibles para el sistema penitenciario. Están escolarizados, pero el sistema educativo no conoce su situación porque tanto ellos como sus familias procuran ocultarla. Los servicios sociales tampoco los observan de manera sistemática y no hay seguimiento sobre cuestiones tan importantes como las condiciones de vida o su salud mental. Para las instituciones son invisibles.

Parece sencillo vislumbrar la precariedad que provoca en sus vidas el aislamiento, el estigma y la degradación social de su relación con la cárcel; también la fragilidad económica o los efectos negativos de las desventajas educativas, pero en España no hay conocimiento científico sobre ellos porque no ha habido acercamiento alguno de las ciencias sociales al estudio de su situación.

El trabajo que aquí se presenta se basa en un proyecto de I+D que pretende hacerlos visibles a través del conocimiento de su situación, sus necesidades y los efectos que tiene en sus vidas su relación con la cárcel. A través de una metodología mixta, se han investigado la situación de 20 familias, realizando entrevistas a los menores, sus cuidadores y los progenitores en prisión, observando trayectorias familiares. También se ha realizado una encuesta a 200 menores y sus cuidadores. Aquí se expone un avance de resultados.

La violencia desarrollada por ETA a lo largo de su existencia ha tenido, además de sobre la sociedad vasca y española en su conjunto, un impacto en determinados colectivos que han sufrido los efectos de ser objetivo directo de acción. Uno de los colectivos que han sufrido las consecuencias más directas de ese hecho ha sido el de las fuerzas policiales, tanto la Ertzaintza y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares. La situación vivida por estas personas a raíz de la violencia ha sido variada: en función del momento en el que han sufrido el atentado o del apoyo recibido por instituciones, familiares y/o colegas. En este trabajo se pretende exponer los resultados derivados de varios informes llevados a cabo sobre esta materia.

Sostiene Garland que gran parte de las estrategias actuales de control del delito se basan en el discurso criminológico “Nothing Works” y consisten en aplicar políticas de “Ley y Orden”. Nos preguntamos si estas políticas punitivas que certifican “el eclipse del proyecto solidario”, conviven con una opinión pública también partidaria de “condenar más y comprender menos”. En el contexto de la Sociedad del Riesgo, esta investigación tiene por objeto medir el grado de punitivismo manifestado por la opinión pública de los países europeos.

Para calcularlo, se ha diseñado un indicador compuesto, el Crime Punitivism Index (CPI). Este trabajo se nutre del planteamiento, los datos, los análisis y las reflexiones realizadas en el marco del proyecto “Dimensiones y predictores del punitivismo en Andalucía” (PACIS19-08), financiado por el IESA en 2019.

El CPI, que sirve para describir y monitorizar las actitudes hacia el delito y quienes delinquen, se estructura en seis dimensiones, o ámbitos de control del delito, sobre los que la población expresa sus opiniones, juicios y preferencias: D1) Política criminal; D2) Severidad de las penas; D3) Penas alternativas; D4) Funcionamiento de la justicia; D5) Finalidad de las penas y D6) Responsabilidad del delito.

El índice, compuesto por 16 indicadores que señalan la opinión de los ciudadanos en un continuum limitado por los extremos punitivismo/lenitivismo y cuyos datos proceden de una decena de fuentes estadísticas secundarias, se calcula para los países de la Unión europea.

En esta comunicación se relaciona tasas de criminalidad con factores sociales de riesgo y con sentimiento de inseguridad en España. El primer hallazgo del estudio financiado por el Plan Nacional de I+D, CSO2016-77549-P, AEI-FEDER visualiza la relación directa entre los niveles de criminalidad y ciertos factores sociodemográficos como población, paro, superficie urbanizada y ocupación hotelera. Este hallazgo responde a la pregunta de investigación ¿Los factores sociales de riesgo correlacionan con las tasas de criminalidad? El segundo hallazgo de este estudio que será el que se exponga durante el Congreso, evidencia que los factores sociales son los que generan el sentimiento de inseguridad en los ciudadanos. Este hallazgo responde a la pregunta de investigación ¿El sentimiento de inseguridad está ligado a las tasas de criminalidad o a los factores de riesgo percibidos por la población? La metodología de investigacion ha sido cuantitativa. Se mostrarán los resultados de una encuesta realizada en 2019 con N= 3.904, error muestral entre 5,2% y 3,7%, según territorios, nivel de confianza del 95%. La principal conclusión conceptual del estudio muestra la vinculación entre bienestar y seguridad.

El locus de proyección es una dimensión del miedo al delito infra-estudiada por la literatura. Sabemos que las personas suelen experimentar miedo por personas conocidas y familiares más que por ellas mismas, pero poco más. De hecho, carecemos de una medida contrastada de esta dimensión del miedo. En esta ponencia se presenta una medida del locus de proyección, basada en los datos de la 9ª ola del estudio PACIS, y se exploran algunos de sus determinantes, tales como el género, el grupo de edad, haber sido víctima de un delito o la satisfacción general con la vida.

El verdadero significado y alcance de las leyes es desconocido para la mayoría de la población y así lo constatan diversos estudios sobre conocimiento y opinión de la ley (KOL studies) en todo el mundo. La transmisión de información errónea sobre cuestiones legales, deliberada o no, rema a favor de determinados objetivos políticos y ello tiene importantes consecuencias en el plano social, especialmente en situaciones de conflicto. Este estudio analiza el caso del “derecho de autodeterminación” en el marco del Procés. Mientras que los expertos en derecho internacional afirman que Cataluña no puede invocar el “derecho de libre determinación de los pueblos” para obtener su independencia, asociaciones civiles, medios de comunicación y responsables políticos aseguran lo contrario, o bien realizan afirmaciones inexactas que, queriendo negar este derecho, no hacen sino confundir más a la ciudadanía. El efecto que esto tiene en la población se estudia a partir de una encuesta telefónica a 600 individuos residentes en Cataluña. Se evidencia que tres cuartas partes de la población tiene un conocimiento erróneo o insuficiente sobre dicho derecho y esto se relaciona con variables sociodemográficas, como lugar de residencia o situación laboral, y psicosociales, como el grado de implicación política o la opinión sobre la calidad democrática de España. Las emociones son también muy diferentes en función del grado de conocimiento. A partir de estos datos es posible construir dos perfiles de población antagónicos, que bien pueden representar a los sectores de población más polarizada en el marco de este conflicto.

La cultura puede entenderse como un sistema de adaptación humana al entorno. La presente comunicación discute un sistema de indicadores para caracterizar la cultura de la seguridad pública de los países desde una perspectiva comparada. Después se aplica esa propuesta para señalar los rasgos actuales de la cultura de la seguridad pública en España en relación con otras naciones europeas. Caracterizar ésta permite tener una visión global de los valores, actitudes y conductas de la población frente a los riesgos de la vida colectiva. La investigación revisa cómo se ha definido y abordado el concepto en la literatura internacional. En base a ello, se identifican sus diferentes dimensiones y se propone un sistema de indicadores para cada una. Se utilizan diversas fuentes de datos internacionales que recogen esos indicadores para, con datos recientes, caracterizar la cultura española de la seguridad comparándola con la de otros países europeos. El trabajo tiene un carácter más descriptivo que explicativo de las diferencias culturales. Aporta una propuesta de un sistema de indicadores fundamentados para caracterizar la cultura de la seguridad pública. También ofrece una visión actualizada de la misma en el caso de España y otros países europeos.

This paper presents our findings on the impact of policing during the pandemic on Black, Asian and minority ethnic families and communities (BAMEFC) in the UK. These insights are part of the wider work of Co-POWeR, a research project and Consortium on Practices of Well-being and Resilience in BAME Families and Communities (https://co-power.leeds.ac.uk/about/).

Official data collected since the start of the first COVID-19 lockdown in March 2020, shows a disproportionate use of fixed penalty notices and stop and search by the UK police on Black, Asian and Ethnic minority (BAME) people compared to White people. According to the Home Office, “males aged 15-34 from a BAME background account for 32% of stop and search in the year ending March 2021, despite only comprising 2.6% of the population.”

These numbers indicate an exacerbation of the long standing and conflicting relationship between BAME communities and the police in the UK, characterised by a history of distrust and abuse of powers. With the onset of the pandemic, the UK parliament sanctioned emergency powers that, in a similar way to previous policing bills, have granted dangerous leeway for police officers to approach, apprehend and sanction individuals. Our findings suggest that BAME families and communities in the UK continue to be targeted and thus are fighting an additional virus to COVID-19: racial discrimination (Solanke, 2020).

Desde el final de la Guerra Fría las estrategias de seguridad nacional han adquirido una particular relevancia como instrumento para reducir la incertidumbre ante los desafíos que plantea la seguridad de nuestras sociedades. Los nuevos escenarios globales y locales han incrementado su complejidad, surgiendo nuevos riesgos y amenazas, algunos de ellos difíciles de definir y otros imposibles de anticipar.

Desde nuestra propuesta, pretendemos explorar las concepciones que poseen los principales actores analizados (élites parlamentarias, militares y empresariales) de los riesgos y amenazas, con la finalidad de conocer cuál es el grado de convergencia con aquellas reflejadas en las estrategias aplicadas desde 2011, si bien centrándonos en la publicada en 2021. También abordaremos la posible existencia de correlaciones entre las preferencias expresadas respecto de los modelos de seguridad (mantenimiento del sistema actual, más integrado, híbrido, bajo el control de un único Ministerio de Seguridad o directamente coordinado por una Dirección de Seguridad Nacional) por parte de los principales actores y la configuración de las percepciones de los riesgos y amenazas contemplados.

Esta aportación constituye uno de los resultados del Proyecto Repensando el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos a la seguridad, financiado por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

El centenario de la muerte de Pardo Bazán ha impulsado el estudio sobre su figura y obra. Al hilo de este aniversario, el trabajo se centra en Pardo Bazán para analizar un tipo de violencia muy concreta, el viricidio (entendido como la muerte del marido o pareja masculina estando implicada su esposa o pareja femenina). El objetivo es seleccionar aquella producción donde Pardo Bazán describe viricidios y evidenciar la estructura de estos relatos, con los contextos y perfiles que intervienen en el crimen. En concreto, los sujetos estudiados en los perfiles son: la mujer, la víctima y los implicados en el crimen. Como variables configuradoras del contexto, se incluyen: la ejecución del crimen, su ocultación/descubrimiento, la explicación del acto y su sanción.

La metodología se basa en un análisis de contenido de aquellas obras que relatan un viricidio. La selección se inicia en 1885 con “El cisne de Vilamorta” y finaliza en 1921 con “El olor”, casi cuatro décadas de producción. Como resultado, el trabajo descubre paralelismos en la forma de concebir el contexto social y perfiles de los viricidios, evidenciando una estructura básica y mayoritaria en las obras, que no deja de ser una construcción social. Esta estructura, a pesar de más de un siglo, sigue siendo válida en los crímenes actuales, y presenta elementos útiles para el análisis sociológico. De hecho, se enlazarán estas características pardobazianas con casos recientes ocurridos en España.

La desradicalización exige que el individuo que se ha radicalizado realice un cambio en su ideología y abandone las formas extremas que le han llevado a ser parte de una tipología radical. Debería abrazar otras creencias más moderadas o interiorizar otros hábitos de vida.

La desmovilización implica apartar a la persona del grupo radical en cuestión y ofrecerle un incentivo a cambio de su inserción en la sociedad sin importar si sigue justificando o no la violencia.

La teoría de los factores de atracción o empuje (Bjørgo y Horgan, 2009), está basada en una serie de entrevistas a miembros en activo de grupos y organizaciones terroristas. Los factores de empuje son los que incendian al individuo a introducirse al grupo radical y juegan con las expectativas insatisfechas del individuo. Los factores de atracción serían los que ayudan a la persona a mantenerse dentro de la ley, realizando actividades lícitas en compañía de familiares y grupo de pares.

El desmovilizar a una persona para que salga de un grupo terrorista, ofreciéndole incentivos sin hacerle un seguimiento, haría que el individuo volviera a optar por la opción de la radicalización una vez ese estímulo que se le ofrece desaparezca. Sin embargo, ofreciéndole esa concesión y si obtiene seguimiento por parte de un equipo multidisciplinar de profesionales; psicólogo, médico, sociólogo, trabajador social y criminólogo, se podría comenzar a vislumbrar el camino hacia una desradicalización segura.